La Cámara de Empresarios del Combustible expresa su posición ante el Proyecto de Ley 24319: “Ley para ordenar el Cierre de Recope y Prohibir la Exploración y Explotación del Petróleo en Costa Rica”
Boletín Mensual: ABRIL
La Cámara de Empresarios del Combustible manifestó su posición en relación con el Proyecto de Ley 24319, titulado “Ley para ordenar el Cierre de Recope y Prohibir la Exploración y Explotación del Petróleo en Costa Rica”, durante una mesa de trabajo en la Comisión de Plena II el pasado 4 de abril.
Durante la intervención, la Cámara exteriorizó una profunda preocupación por los alcances de esta iniciativa, la cual podría generar impactos negativos tanto para los consumidores como para la estabilidad operativa del sector distribución. También se advirtió sobre las implicaciones que tendría para el modelo de contribución solidaria vigente, que hoy permite subsidiar productos como el gas y otros derivados gestionados por RECOPE.
Este proyecto plantea una apertura total del mercado de hidrocarburos y la transformación del modelo actual hacia un esquema más desregulado. Aunque en el papel puede parecer una propuesta que fomenta la competencia, la experiencia de la Cámara del Combustible y sectores allegados indican que una transición de este calibre requiere una planificación meticulosa y una ejecución responsable, con el fin de evitar desabastecimientos, distorsiones en el servicio y afectaciones económicas a toda la cadena
Si lo que busca el proyecto es bajar los precios, hay elementos que son determinantes en el precio de los combustibles en Costa Rica, tales como: la calidad, el impuesto único, los subsidios cruzados y el servicio completo, estas características del mercado que al compararlas con los países centroamericanos revelan información importante que revela la condición país, reconocida desde hace muchos años, de contar con un sistema de distribución eficiente y ordenado.
José Miguel Masis, director ejecutivo de la Cámara de Empresarios del Combustible, destacó que Costa Rica ha logrado sobresalir en Centroamérica por ofrecer combustibles de alta calidad, un factor crucial que debe ser preservado y que una pírrica transformación, podría generar más perjuicio que beneficios al consumidor final.
“Es importante recordar que en nuestro país brindamos combustibles de calidad, bajo estándares de servicio reconocidas muchas veces por los consumidores, ante los procesos evaluativos de la ARESEP, lo que nos ha permitido destacarnos a nivel regional. Aunque los precios en países vecinos pueden ser más bajos, más por las cargas tributarias, sistemas de subsidios y otros, que, por la gestión de los operadores desde la importación, hasta la disposición final del producto. aseguró Masis.
El caso del impuesto único a los combustibles en Costa Rica es una carga tributaria que se actualiza trimestralmente según la inflación y está muy por encima de los impuestos en los demás países centroamericanos, convirtiendo este valor en un costo cada vez más cercano al precio del producto
Los otros elementos como los subsidios y el servicio completo deberán ser tomados en cuenta, pues forma parte del sistema solidario instaurado en el país.
Asimismo, la Cámara de Empresarios del Combustible expresó su preocupación sobre la posibilidad de que, con la apertura del mercado de hidrocarburos, los precios del combustible puedan aumentar, como ocurrió en México con la apertura y la inmediata reacción de los operadores denominada como el “gasolinazo”, lo que afectó considerablemente a los consumidores.
Por otro lado, si se considera la apertura del monopolio, se debe recordar que Recope no fija ni manipula el precio. El precio es regulado por la Autoridad Reguladora (ARESEP), con base en el principio de servicio al costo, que significa que no pueden ir gastos excesivos, innecesarios ni ajenos a la actividad que se realiza.
A continuación, se muestra detalles sobre las fijaciones de los precios en Costa Rica en comparación con otros países centroamericanos:
En la comisión se hicieron presentes Karina Rodríguez, abogada de la Asociación de Transportistas del Sector Energético (ATRANSE); Cinthya Guevara Rodríguez, gerente de la Asociación de Distribuidores Peddler de Costa Rica; y José Miguel Masis, director ejecutivo de la Cámara de Empresarios del Combustible, quienes presentaron sus opiniones sobre la ley propuesta.